RENTA BÁSICA UNIVERSAL como derecho de ciudadanía. Clara Bredy

Empezaré por el final: la renta básica universal (RBU) debe ser defendida como una renta de ciudadanía, que garantice una vida digna. No inferior a la cifra que fija el umbral de pobreza y garante de la cobertura de las necesidades básicas no cubiertas por las prestaciones del sistema que hoy son universales (educación, sanidad y prestación farmacéutica), a saber, alimentación, vivienda, suministros y transporte. 

Una de las razones por las cuales la RBU se orienta en la linea de garantía de dignidad, hace referencia a que su condición universal y  la ausencia de contraprestación obligatoria, permiten que no se ejerza un control sobre la población, al menos en razón de la percepción de la misma. A diferencia de lo que ocurre con otras rentas o subsidios, que tienen un condicionado por el cual la población a la que va destinada queda señalada y bajo control.

La RBU ha de ser una renta que permita además, que el trabajo deje de prestarse en condiciones, en muchas ocasiones indignas. Una RBU orientada a la humanización del trabajo y al desarrollo de las capacidades de creación y emprendimiento, sin esclavitud. 

En el nivel de desigualdad en que estamos inmersos a nivel mundial, es una renta de dignidad. Como profesionales del trabajo social sabemos sobradamente que las desigualdades de acceso a los bienes básicos no hacen sino aumentar, mientras en paralelo aumenta el volumen de las grandes fortunas y avanzan a pasos agigantados la deslocalización de empresas productivas, y de capitales, hacia territorios con menos imposición fiscal o con peores condiciones laborales. En España por ejemplo, la prensa económica da constancia de cómo en el último trimestre de 2019, cerró el 54% de las SICAV y en el primer trimestre de 2020 se ha multiplicado por cinco el cierre de estas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), para trasladar sus fondos a Luxemburgo fundamentalmente, ante el riesgo de ver sus sociedades sujetas a imposiciones fiscales. Antonio Vélez escribe un artículo el 30/05/2020 en la sección de Economía de eldiario.es, explicando como muchas de las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 aceleran el cierre de sus SICAVs, en plena desescalada , ante el anuncio del Ministerio de Hacienda de promulgar la Ley contra el fraude fiscal. 

Nuestra situación en Canarias es de una extrema dependencia del turismo (35%PIB), ninguna novedad. Y esto con una concentración altísima en pocas y grandes empresas que emplean con salarios muy bajos a trabajador@s precarios que a pesar de llegar a hacer turnos infernales, son pobres. El movimiento de las “Kellys” da fe de ello. España, un país del que en 2019 Oxfam informaba como el cuarto con mayor desigualdad de la Unión Europea y el segundo donde la distancia entre ricos (en millones de euros) y personas empobrecidas había aumentado más. El último informe AROPE (octubre de 2019) aporta datos del año 2018, donde se constata que un total de 12.188.288 personas (el 26,1 % de la población española) estaba en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. De entre los cuales 2,5 millones de personas vivían en la pobreza severa, un 50% más que en 2008. Cuando tengamos los datos de 2019 y 2020 tras la crisis que estamos padeciendo con el coronavirus, no alcanzo a imaginar el escenario. 

En previsión del escenario dantesco que tenemos en puertas,

 resulta especialmente llamativo el ímpetu con que los grandes empresarios del IBEX y la CEOE apoyan los ERTES, sustentados íntegramente por el Estado (por lo tanto apoyan aquí si, la intervención del Estado), que dicho sea de paso no se puede nutrir de los impuestos que muchas de estas grandes empresas pagarían en España, de no tener sus "sedes"(no necesariamente físicas, con una buena ingeniería financiera de elusión y evasión) en paraísos fiscales, ni de los casi 60 mil millones que la gran banca le debe al Estado y que no va a devolvernos, mucho menos con la disminución de ganancias durante esta crisis. Como digo, llama la atención el apoyo a la socialización de la crisis con los ERTES y en paralelo la negativa frontal a la derogación de la reforma laboral y la amenaza de ERES masivos a medio plazo. Ese es el tipo de solidaridad del capital financiero cuando se tocan sus privilegios. También han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de aplicar una tasa ínfima a las transacciones financieras especulativas a corto plazo, del tipo de la tasa Tobin. Para algunos son las medidas que los socialistas y comunistas quieren aplicar para robar a los bancos y a las grandes empresas sus beneficios. La defensa a ultranza del liberalismo económico y por tanto de la ausencia de intervención del estado en los mercados, es lo único que entiende el depredador financiero.

Las políticas que está aplicando la coalición de gobierno PSOE-UP son herencia de la vieja, pero no caduca, orientación keynesiana de mejorar la economía a través de dotar de medios a la ciudadanía para poder garantizar el consumo. Las rentas garantistas del gobierno no son solo rentas de emergencia para la ciudadanía, también son rentas de emergencia para el sostenimiento del consumo y la generación de riqueza. Esto unido al aumento de gasto público con medidas también monetaristas, de apoyo a todos los sectores económicos, para incentivar la producción, la inversión y el empleo, y con ello la demanda agregada, literalmente reventadas por la crisis del coronavirus, es lo que tiene en marcha el gobierno de coalición, gracias a lo cual seguimos en pié, de momento.

Como claramente concluyó Keynes, el paro está intimamente relacionado con la escasez de demanda no con la de recursos. Por ello es importante conseguir estimular la demanda y para ello es necesario un empleo de calidad no de supervivencia. La supervivencia debe garantizarla un RBU. Su financiación ha de garantizarla el Estado a través de los impuestos al capital financiero, para de este modo asegurar la estabilidad del sistema social y la dinamización de la economía real, más allá de la acumulación de capital de los grandes depredadores financieros. En cuanto a la temida Tasa Tobin, vale la pena un recordatorio, James Tobin (economista, discípulo de Keynes, premio nobel de economía e hijo de una trabajadora social...), como asesor del presidente Kennedy propuso en agosto de 1971 un impuesto, conocido como Tasa Tobin, sobre la conversión a dinero en efectivo de las divisas. Estaba destinado a penalizar las transacciones financieras a corto plazo que suelen ser meramente especulativas y que afectan la estabilidad financiera de los países. El problema para algunos depredadores financieros es que les impediría la macroespeculación agresiva que se da en las grandes crisis con las operaciones a corto plazo. Como ocurrió de forma masiva en la anterior crisis de 2008 y acaba de volver a ocurrir, a pesar de las limitaciones del gobierno para impedirlo. Tobin murió en 2002, y hoy 50 años después seguimos sin ver su tasa aplicada. 

Uno de los argumentos más esgrimidos contra la RBU es que parte de la población va a parasitar a la otra. Desde mi punto de vista hay que invertir el punto de mira. Eso es lo que ocurre hoy. Cuando las grandes fortunas eluden y evaden y 33 de las 35 empresas del selectivo del IBEX 35, tienen sus domicilios en paraísos fiscales.

Otro argumento es que la RBU la tenemos que pagar entre todos y que los que trabajan lo harán para los que no trabajan. Para empezar, tenemos un interesantísimo estudio recopilatorio del BBVA presentado por Rafael Domenech titulado “Algunas reflexiones sobre la renta básica universal” publicado en 2017, en el que se proponía que la financiación de la RBU, de darse, debía imponer un 49% de IRPF de manera lineal. Por supuesto que esto genera una gran controversia y merece ser discutido. Por otro lado, los economistas de la Red de Renta Básica, Daniel Raventós, Jordi Arcarons y LLuis Torrens, hacen una interesante propuesta en su artículo “La renta básica incondicional y cómo se puede financiar. Comentarios a los amigos y enemigos de la propuesta”, publicado el 26/07/2017. 

Aportación especialmente interesante me resulta la de los economistas Julen Bollain Urbieta, profesor de la Universidad del País Vasco y Daniel Raventós Panella de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, recogida en 2018 en el artículo titulado “La renta básica incondicional ante las limitaciones de las rentas mínimas”.

En cualquier caso, en España hay mucho por hacer en materia de impuestos y tasas (no pagadas). Entre otros, la tasa a las transacciones financieras (ejemplo la tasa Tobin), las tasa por contaminación ambiental, la tasa a las grandes fortunas, el impuesto tecnológico asociado a la destrucción de empleo y la robotización, el impuesto al lujo y por supuesto la tasa Covid19.

La universalidad en la disposición de la Renta Básica, puede contribuir a dignificar las condiciones de trabajo, ya que ayudaría a no aceptar condiciones indignas. Estimulando además una mejor remuneración de los trabajos con tareas más penosas.

También puede conducir a reducir el trabajo en negro y la economía sumergida. No como un subsidio condicionado al cumplimiento de condiciones a modo de renta mínima de inserción, sino como un estímulo al desarrollo de planes de vida, trabajo, proyectos de empleo y autoempleo, sin la losa del “Con qué me arreglaré mañana para comer o dar de comer a mi familia”. Esto sin la acción fiscalizadora y de control por parte del Estado o las CCAA.

Otra de las críticas va orientada a la desincentivación que supuestamente se produciría en cuanto a la búsqueda de empleo. Al respecto, les sugiero la lectura de la entrevista publicada el 12/05/2020 en la revista Contexto, realizada por Mar Calpena a uno de los filósofos pioneros en la defensa de la renta básica universal, el finés Phillipe Van Parijs, titulada “La renta básica es un colchón de seguridad para nuestras economías, no solo las domésticas”

La RBU se orienta a una protección más efectiva de la libertad real, la que da condición de ciudadanía

En otro orden, la calidad del trabajo se abre una vía hacia la mejora. Quizás trabajando menos y trabajando tod@s. Como decía en el título de su libro, publicado por Icaria en 2012 Florent Marcellesi “Una semana laboral más corta para prosperar en el siglo XXI”. En el mismo sentido se manifestaba ya desde el año 95, Jeremy Rifkin, en su libro titulado “El fin del trabajo”, editado por Paidós. Finalmente, me pareció fascinante la lectura del ensayo de Rutger Bregman, cuyo largo título es un decálogo de intenciones “Utopía par realistas. A favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras” publicado en 2017 por Salamandra.

Además, las rentas del trabajo, tendrán que coexistir con rentas básicas y rentas de intercambio y cooperación. Estamos ante un escenario donde las diversas tecnologías de la inteligencia artificial (IA) están reduciendo la ejecución de tareas susceptibles de realizarse mediante algoritmos y maquinaria asociada, que hasta hoy las ejecutaban personas. Ese futuro ya es presente, y la tecnología llevará a una reducción y total recomposición del empleo tal como lo conocemos. Dando paso a una nueva gestión del tiempo y a una nueva concepción de las tareas, que ha de ser más humana y creativa.

En consonancia con el párrafo anterior, si no defendemos una RBU, las y los trabajadores sociales que durante largo tiempo se han visto reducid@s a meros gestores de subsidios y ayudas condicionados a la vigilancia y los requisitos, probablemente se verán sustituidos por algoritmos de asignación de recursos cuasi de beneficiencia, para el control de las contraprestaciones por la concesión de dichos subsidios. Como una suerte de policía social.

Si no repensamos la profesión desde el concepto de libertad real de ciudadanía, también nosotr@s acabaremos engullidos por la beneficiencia neoliberal.